La investigación nos permitió sistematizar y reconocer que, en el caso de Ecuador, existe un marco normativo particularmente sólido para la promoción de la agroecología, el cual abarca desde la Constitución hasta los instrumentos locales de ordenamiento territorial y uso del suelo.
A pesar de estos avances legales e institucionales, las experiencias locales revelan que la implementación de las políticas públicas es heterogénea y depende en gran medida de la orientación política y la visión de desarrollo de las autoridades en el poder.
También aprendimos que estas experiencias son el resultado de articulaciones entre una serie de actores, en particular organizaciones de mujeres y ONG, seguidas por los gobiernos provinciales y las instituciones estatales. Dentro de la dinámica de la política local, las ordenanzas municipales tienden a reflejar los momentos de impulso político y el éxito relativo de este tipo de alianzas.
Al mismo tiempo, estas alianzas locales parecen ser circunstanciales y, por lo tanto, frágiles. El actor más débil suele ser el municipio, mientras que las organizaciones de mujeres surgen como los agentes más activos y duraderos a través del tiempo, a menudo sobreviviendo a los relevos políticos y los cambios institucionales.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, observamos que las acciones municipales tienen un impacto limitado en la sostenibilidad de las experiencias agroecológicas, aunque en determinados momentos sí catalizan la iniciativa de las organizaciones de base y las ONG. Sin embargo, en uno de los estudios de caso encontramos que las políticas públicas promovidas por el gobierno provincial tuvieron un efecto significativo y duradero en el avance y la consolidación de la agroecología.
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