Prácticas y Discursos en el ambiente institucional de los Sistemas Alimentarios Locales. Caso de Chimborazo e Imbabura, Ecuador (2015 – 2020)
Una de las propuestas centrales del proyecto “Redes Alternativas de Alimentos: Facilitando encuentros urbano-rurales para fortalecer los Sistemas Alimentarios Locales Sanos”, fue lograr una perspectiva de cómo los actores de las instituciones en los territorios perciben el rol de los alimentos, el funcionamiento de los Sistemas Alimentarios Locales (SAL) y la importancia que tienen los alimentos producidos por la Agroecología (AE) o Agricultura Sustentable y la transición hacia estos sistemas de producción. Generar evidencia para incidir en la toma de decisiones y en la creación de oportunidades para los/as productores/as Agroecológicos fue uno de los desafíos centrales. En este estudio presentamos los resultados a nivel de las ciudades intermedias, Riobamba e Ibarra, de los discursos y prácticas de actores relevantes en torno a las políticas nacionales de los últimos 5 años, relacionadas con los sistemas de alimentos. Para realizar esta investigación se procedió a mapear instituciones y organizaciones y sus representantes a través de un proceso de consultas y un efecto bola de nieve. Se llevaron a cabo 47 entrevistas, 22 entrevistas a nivel nacional, y 13 entrevistas en Chimborazo y 12 en Imbabura.
Un instrumento para las entrevistas por actor fue desarrollado, usando como referenciales teóricos, la sociología política, la agroecología política y el análisis de las tres “i” (ideas, intereses e instituciones) que ofrece una aproximación al estudio de la realidad social desde las políticas públicas para revelar relaciones entre la sociedad civil, gobierno y estado. Entendemos la política como la capacidad de influenciar-cambiar las relaciones de poder. Las políticas públicas están compuestas por normas, programas, presupuestos, etc., pero también el aspecto de la institucionalidad, que tiene una singular influencia en la calidad de la ejecución de las políticas públicas y en la continuidad de éstas.
Desde la perspectiva de los actores seis categorías resultaron relevantes para el SAL: políticas públicas, flujos económicos, dinámicas agroecológicas, procesos de aprendizaje, organización social, y salud y nutrición. Hay que notar también que, al iniciar la investigación, irrumpió la pandemia COVID por lo que las conversaciones y entrevistas ocurrieron vía teléfono o internet.
Los resultados muestran que en el periodo de análisis, no solo cambió la administración del Estado, sino que este fue acompañado por un viraje profundo, e inesperado, en lo institucional con recorte del rol del estado, reducción en número y tipos de programas, de presupuesto a proyectos a escala, etc., que generó una fuerte crisis política. El debate político estuvo marcado por la aprobación de leyes concomitantes a la LORSA (Ley Orgánica de Soberanía alimentaria). Sin embargo, hay conceso entre los actores de las organizaciones de la sociedad civil, que las leyes concomitantes no recogen las propuestas formuladas de forma participativas en debates previos a su aprobación. Se destaca el papel de los gobiernos autónomos locales, por sus competencias para el fomento productivo, gestión de los espacios de comercialización directa, y por su mandato en garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Tanto en Riobamba como en Ibarra hubo serios intentos por aprobar una ordenanza para el fomento de la producción y consumo de productos AE. Sin embargo, solo una ordenanza de comercio justo fue aprobada en Riobamba. En la medida que la AE deja de representar una agricultura basada en principios o preceptos ecológicos, se vuelve compleja y el uso del concepto y el uso del concepto de agricultura sustentable - se hizo de uso más corriente ente los funcionarios públicos.
Una continua disociación entre la formulación de las políticas públicas y su implementación. Hay un enfoque normativo de carácter progresista que apoya a la pequeña y mediana agricultura AE, - a veces interpretada como Agricultura Familiar Campesina. En los programas los técnicos y los mandos locales interpretan los mandatos y áreas de ejecución según sus entendimientos e intereses, independientemente de cuan bien planteados y formulados sean estos. Desde el Estado y los mandatos gubernamentales, aunque contradictorios y a veces menos favorables a los SAL y la AE, están abriendo puertas e incrementando el perfil de los esfuerzos que buscan promover la soberanía alimentaria, la agricultura sustentable y estilos de vida saludables.
Resultó evidente que en ninguna de las instancias consultadas aparecen los consumidores/as o las organizaciones que lo representan como categoría política con poder de cambio. La Tribuna del Consumidor no parece entender un rol en los conflictos socioambientales y económicos creados por los alimentos.
El estudio recomienda profundizar en la comprensión de los procesos, las barreras y logros de las redes alternativas de alimentos, así como entender al rol del consumidor/a de estas redes de proximidad. Un desafío importante consiste en producir respuestas organizadas desde redes proactivas, movimientos sociales, organizaciones de la política y academia que reflexionan y generan evidencia sobre los vínculos entre alimentos saludables y agroecología.